El Nuevo Dia: Eduardo Bhatia: https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/desafio-a-la-separacion-de-poderes-en-puerto-rico/
Me preocupa un tema crucial que ha pasado desapercibido en Puerto Rico: el controvertido “auto-aumento” salarial que los jueces se han adjudicado para sí mismos. La decisión del Juez Cuevas el pasado noviembre, al decretar un aumento en los salarios de los jueces sin el aval legislativo es una de las acciones más deshonestas, peligrosas y arriesgadas para la separación de poderes constitucionales en nuestro país. Ante esto, ningún ciudadano comprometido con la defensa de nuestro esfuerzo interno de gobierno democrático / republicano puede permanecer en silencio.
En los últimos años, los servidores públicos en las tres ramas de gobierno de Puerto Rico han solicitado aumentos salariales. Aunque se han logrado algunos ajustes para empleados de carrera con salarios más bajos, los jueces, legisladores y el propio gobernador han anhelado sin éxito un aumento justificado en sus salarios durante mucho tiempo. (Es relevante destacar que el Senado que presidí de 2013-2016 es el único cuerpo legislativo en nuestra historia que redujo su compensación en casi 40% al eliminar carros y dietas, aunque a nadie le importó.)
La Jueza Presidente del Tribunal Supremo ha convertido el aumento salarial de los jueces en una de sus causas principales por años. Llegó al extremo de contratar los servicios de cabildeo de una firma de abogados para gestionarlo. Ha llevado a cabo sesiones informativas con legisladores, foros de prensa, y entrevistas en medios. Sin embargo, para lograr ese aumento salarial, ella y todos los jueces saben que es imperativo obtener el voto afirmativo de la Cámara de Representantes, el Senado y la firma del Gobernador mediante una ley. Sin estas tres acciones, no puede haber aumento, punto.
En el último día de la sesión legislativa en noviembre pasado, los jueces mismos estuvieron visitando el Capitolio porque sabían que necesitaban una ley concreta para aumentar sus salarios, pero no la lograron. Decidieron entonces explorar otra vía y es aquí donde la situación se complica.
Resulta que en la resolución de presupuesto para el año fiscal 2023-24 aprobada en junio, los legisladores responsablemente incluyeron una partida de dinero por si eventualmente se daba el aumento de salario de los jueces en el futuro hubiera de donde pagar. El dinero estaría disponible solamente si se aprobaba el aumento salarial en una ley independiente. La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura demandó alegando que, al aprobarse el presupuesto, dicha resolución se convertía en ley y que al haber dinero por un año quedaba permanentemente establecido un aumento salarial por arte de magia ya que la Constitución dice que no se le puede bajar el salario a los jueces en años futuros. Esta argumentación absurda fue respaldada por el Juez Cuevas, quien concluyó que era una “ley especial” y otorgó el aumento salarial a los jueces y a él mismo sin consentimiento legislativo.
He ahí la controversia constitucional entre las tres ramas de gobierno creada por los jueces, adjudicada por los jueces, que beneficia a los jueces. Huele mal. Este caso es un claro conflicto de interés que requería prudencia, ética y mucha sabiduría. Desafortunado que la propia rama judicial haya diseñado semejante confrontación. Lo que está bien claro es que los legisladores y el ejecutivo, las dos ramas electas por el pueblo en nuestra democracia, no les han aprobado su aumento todavía. No existe una ley específica de aumento salarial.
Aparentemente la Junta de Supervisión Fiscal ha paralizado el aumento por ahora, ya que es evidente que no hay una ley que lo respalde. Las escuelas de derecho, los constitucionalistas serios, la prensa del país y la ciudadanía deben levantar la voz de cautela. Independientemente de que los jueces merecen un aumento salarial, y que están frustrados por la espera, esta no es la forma de lograrlo. A ellos le toca honrar y defender la Constitución y la separación de poderes, no trastocarla.