EL NUEVO DIA, Opinión de Rafael Cox Alomar: https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/los-privilegios-de-los-exgobernadores/?r=38245
En días recientes volvió a encenderse la explosiva controversia sobre los privilegios que perciben los exgobernadores a cuenta de las arcas públicas.
La más reciente controversia comenzó cuando la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) incumplió con el término que le concedió la Junta de Control Fiscal para entregar toda la documentación requerida para tramitar la compra de un nuevo automóvil para el uso de la exgobernadora Sila Calderón.
Como la OGP (por admisión propia) nunca entregó toda la información que le requirió la Junta, esta última rechazó el pedido de aquélla para reasignar $36,895 (del presupuesto vigente) con el fin de comprar el vehículo solicitado.
De inmediato el incontenible torrente de la opinión pública se volcó contra la exgobernadora Calderón --- vertiendo contra ella todo tipo de reproches. ¿Pero será verdad lo que alegan los analistas y “todólogos” de la radio y televisión? ¿Será que la alegada prepotencia de la dama de hierro de Miramar no conoce límites como intima la jauría “todológica”? ¿O será que existe una ley que le concede a cada exgobernador un automóvil para su uso personal? ¿Y si en efecto existe esa ley y sus disposiciones son detestables para la inmensa mayoría de los puertorriqueños por qué los legisladores no acaban de derogarla? ¿Por qué ensañarse contra Sila cuando los culpables de que los exgobernadores (la mayoría de los cuales no le llega a los tobillos a ella en términos de ética de trabajo y compromiso con el pueblo) gocen de todos estos privilegios son los legisladores que no se atreven a quitárselos?
Desenredemos el enredo.
El esquema de privilegios del cual hoy gozan los exgobernadores surgió a propósito del retiro de Luis Muñoz Marín. En su primer mensaje a la legislatura, el 29 de enero de 1965, su sucesor Roberto Sánchez Vilella recomendó la aprobación de legislación sobre el retiro y emolumentos de los exgobernadores. Dos meses más tarde entró en vigor la “Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y Otras Facilidades a Exgobernadores.” (Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965).
La ley de 1965 le concedía a cada exgobernador una pensión vitalicia de $25,000 anuales (la cual se eliminó en 1993, pero que Sánchez Vilella había rechazado antes de concluir su mandato), presupuesto para una oficina en el sitio de su predilección, personal técnico, y la compra de un automóvil para su uso personal.
En adición a las prebendas arriba descritas, y valiéndose de una interpretación equívoca del artículo 3 de la Ley de la Policía (véase Ley Núm. 77 de 22 de junio de 1956 según enmendada), también se les concedió a los exgobernadores servicio de escolta con carácter vitalicio.
En un país cuyo gobierno está en la bancarrota, precisamente por la incompetencia de muchos de sus exgobernantes, no se justifica la concesión de ninguno de estos privilegios.
Hace rato que la fiesta se acabó. Vivimos hoy otro momento histórico. Cuando entró en vigor la ley de los exgobernadores, hace casi 60 años, nuestra economía crecía a un ritmo anual de 10.6% y la proporción de deuda pública a producto bruto rondaba el 30%. (Véase Informe Económico al Gobernador (1969)). Hoy no tenemos acceso a los mercados y si no fuera por la hemorragia de fondos federales (no recurrentes) que nos ha llegado a raíz del huracán María, los terremotos y el COVID, la economía todavía estaría en coma.
¿Cómo justificar los emolumentos de nuestros exgobernadores cuando los exvicepresidentes de los Estados Unidos no tienen derecho a oficinas, pensiones, automóviles y únicamente tienen escolta del Servicio Secreto durante los primeros 6 meses de su retiro? ¿Cómo justificar el gasto en escoltas cuando en Israel (aun después del ataque terrorista de Hamás) los ex primeros ministros Ehud Barak yEhud Olmert no tienen derecho a ello? ¿Cómo justificar la jauja local cuando los exgobernadores de estados ricos como Texas y Nueva York se van con una mano adelante y otra atrás?
Totalmente injustificable. Tan injustificable como el ataque bajuno a Sila. ¿Por qué?
Porque la enfermedad no está en las sábanas, sino en un liderato legislativo timorato y politiquero que no se atreve a coger el toro por los cuernos.