David Cordero Mercado - https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/crece-la-lista-de-servidores-publicos-que-violan-la-ley-y-obtienen-beneficios/
Un informe de la OEG estableció que la mayoría de los funcionarios que infringieron la Ley de Ética ejercían funciones de supervisión cuando cometieron las ilegalidades, incluyendo alcaldes y jefes de agencia, al tiempo que también quedó retratada la corrupción en el ámbito privado
La mayoría de los empleados públicos que rompen su juramento de servicio al pueblo y violan la ley no llevan ni cinco años en sus puestos, aunque les siguen los pasos aquellos que llevan dos décadas o más. Pese a que sobran los ejemplos de corrupción sobre lo que no debe hacerse, la tendencia apunta a que son más los alcaldes, jefes de agencia y directores de área quienes cometen las faltas, y el dinero es lo que les mueve.
A grandes rasgos, ese es el perfil del funcionario público que, entre 2012 y 2022, violó lo establecido en la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, reveló el director de la dependencia, Luis Pérez Vargas, al presentar este miércoles los hallazgos y conclusiones de la Radiografía de la Corrupción III-10 (R3-10).
“El que está llegando (a los puestos y cargos públicos), posiblemente, no es el mejor talento”, sentenció Pérez Vargas, quien subrayó la urgencia de que el gobierno retome el reclutamiento de empleados basado en el mérito y mediante convocatorias abiertas para puestos de carrera, en lugar de la contratación rápida, de personal de confianza y de los enlaces político partidistas.
Para el doctor Mario Negrón Portillo, catedrático jubilado de administración pública, el incremento y perfil que retrata la R3-10 da cuenta de que la corrupción pública es un mal social que trasciende el gobierno y que no puede desligarse de los problemas que enfrenta el país.
“Te das cuenta de cómo las prioridades y los valores han cambiado y se da esta noción de ‘me voy a hacer rico lo más pronto posible’, la gratificación instantánea, el cómo se ha perdido de perspectiva o cómo el país ha dejado de reconocer lo público como algo distinto de lo privado, cómo la gente le ha perdido, en cierta medida, el respeto a muchas cosas”, señaló.
Negrón Portillo, quien dirigió la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, coincidió en que uno de los principales problemas y razones detrás del incremento en las violaciones a la Ley de Ética descansa en el reclutamiento inadecuado de personal.
“¿Era la gente que, de verdad, debíamos haber reclutado? ¿Era la gente más talentosa, o esa gente llegó porque estaban identificados con el partido? Mi sospecha es que es lo último, no es la gente que tiene las credenciales para ocupar la posición”,sostuvo.
La R3-10 retrató un incremento de 21% en la cantidad de servidores públicos de alto perfil violadores de la ley, así como aumentos en el uso indebido de la propiedad pública y obtención de dinero como beneficio a cambio de conductas antiéticas, según el contenido de 190 resoluciones emitidas por dicha entidad entre 2012 y 2022, por violaciones a la Ley 1 de 2012. En esa década, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) resolvió más de 300 casos, al sumar las resoluciones correspondientes a la anterior Ley 12 de 1985.
Luis Pérez Vargas, director de la Oficina de Ética Gubernamental, sostuvo que los resultados del informe dan a entender que “a los supervisores nadie los está supervisando”. (Teresa Canino Rivera)
En conexión a esas 190 resoluciones y querellas contra funcionarios, la OEG ha recuperado más de $1.2 millones en multas y la restitución de fondos públicos.
Además, entre los hallazgos de la R3-10, se refleja que la mayoría de los servidores públicos que violaron la Ley de Ética ejercían funciones de supervisión cuando cometieron los actos ilegales. De la información recopilada por la OEG, se desprende que esta tendencia se mantuvo tanto en la R2 (Radiografía de la Corrupción de 2009 a 2016) como en la R3-10.
“Lo que nos puede mostrar esto es que a los supervisores nadie los está supervisando”, subrayó el director de la OEG, en conferencia de prensa desde la sede la entidad gubernamental.
“Esto trae a relucir la importancia de la supervisión en todas las facetas, pero más aún en el grupo de los supervisores”, sentenció. Aunque el análisis recoge los hallazgos de una década, Pérez Vargas señaló que hay picos claros de violaciones éticas durante períodos eleccionarios.
“Cogidas de la mano” la corrupción pública y privada
Al describir los hallazgos de la R3-10, Pérez Vargas planteó que la reproducción de estos datos tiene como objetivo “prevenir el problema de la corrupción, prevenir deficiencias en el gobierno a través del perfil del servidor público sancionado”. Sin embargo, el panorama que se presentó como resultado de la R3-10 es, en términos generales, peor que los resultados de la R2, que analizó el período de 2009 a 2016.
Por ejemplo, en contraste con la R2, el apartado de “otros beneficios obtenidos” –como contratos, nombramientos, privilegios y beneficios relacionados con lo político– tuvo un aumento de un 2%. Además, el renglón de “dinero” como beneficio obtenido aumentó en 4%. Del mismo modo, en comparación con la R2, hubo un alza de 24% en el uso indebido de equipos y vehículos públicos.
Por otro lado, el estudio refleja que se reportóun aumento de 10% en las personas o entidades privadas que se beneficiaron por las acciones antitéticas del servidor públicoque violó la ley. A juicio de Negrón Portillo, estas cifras también retratan el hecho de que la empresa privada, no solamente no está exenta de la corrupción, sino que opera en conjunto con la corrupción pública.
“Hay corrupción en la empresa privada al igual que en el gobierno. Inclusive, en muchos casos, no pudiera haber corrupción en el gobierno si no hubiera corrupción en la empresa privada, que sonsaca al servidor público, lo soborna, lo mueve a una acción ilegal, van cogidos de la mano”, apuntó.
La doctora Lina Torres Rivera incluyó en su análisis la corrupción asociada a la privatización. “Tomando en cuenta alguna experiencia sociológica e incluso, criminológica, podría advertir que, a mayor privatización de ciertas agencias, suele percibirse cierto tipo de corrupción”, indicó la socióloga y criminóloga. “Tal es el caso de lo que ha ocurrido en algunos países, como Estados Unidos, con la privatización de los sistemas correccionales, educativos y de salud, entre otros”, añadió.
La R3-10 también retrató una subida de 5% en el renglón que agrupa a partido político o candidato beneficiados por las conductas antiéticas del funcionario. “Todos estos casos siguen poniendo en evidencia lo politizado que está el gobierno de Puerto Rico, eso ha sido una de las grandes tragedias que hemos tenido”, manifestó Negrón Portillo.
Entre 2012 y 2022, los municipios donde hubo más servidores públicos que violaron la ley fueron Canóvanas, Guaynabo, San Juan, Toa Baja y Arecibo. Asimismo, las agencias o corporaciones gubernamentales donde más casos se reportaron fueron la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, elDepartamento de Educación y el Departamento de Hacienda.
Al momento de cometer los actos, dichos servidores públicos ocupaban puestos como directores de área (24%), alcaldes (10%) y jefes de agencia (6%). De la información recogida por la OEG, también surge que casi la mitad de los servidores y exservidores públicos que violaron la ley eran empleados municipales, mientras poco más de la mitad fueron funcionarios de agencias.
La mayoría de los servidores y exservidores públicos (58%) violaron la ley al no presentar sus informes financieros.(Shutterstock)
Como parte de la tendencia de alza, al comparar los resultados de la R3-10 con la R2, se reflejó un incremento de un 13% de servidores públicos que, cuando violaron la ley, llevaban laborando entre 0 a 5 años, seguido por el aumento de un 7% de trabajadores que, al momento de violar la ley, llevaban más de 20 años en el servicio público.
Según la radiografía, el 31% de las personas que cometieron faltas fueron del género femenino y el 69% del masculino. En comparación con la R2, en este renglón los porcentajes se mantuvieron inalterados.
La R3-10 también refleja que, de las resoluciones emitidas por la OEG sobre informes financieros, la mayoría de los servidores y exservidores públicos (58%) violaron la ley al no presentar su informe. En la misma dirección, un 42% de los funcionarios no respondió a requerimientos de información adicionales, hechos por la OEG.
“El ideal de servidor público debe ser una persona que desempeñe sus funciones siguiendo los más altos estándares éticos. Que entienda que su labor es fundamental para lograr el desarrollo de una sociedad que pueda atender con sensibilidad y respeto los reclamos y necesidades de todos los sectores de la sociedad. Qué conozca bien cuáles son sus derechos y deberes”, describió Torres Rivera.
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