En la próxima elección de noviembre, los ciudadanos de Puerto Rico enfrentan
decisiones que trascienden la mera reconstrucción de la infraestructura dañada y la
gestión de los billones de dólares en fondos federales destinados al redesarrollo de la
isla. Aunque estos temas son de vital importancia, hay otras cuestiones en juego que
podrían moldear el futuro político y judicial de Puerto Rico durante años venideros.
La configuración del Tribunal Supremo de Puerto Rico está en juego en las elecciones del 2024 con la posibilidad de nombrar hasta tres nuevos jueces.
El próximo gobernador o gobernadora tendrá la responsabilidad no solo de llenar la
vacante existente en el tribunal, sino también de nombrar sucesores para las futuras
vacantes provocadas por el retiro del Juez Asociado Edgardo Rivera en 2025 y de la
Juez Asociada Mildred Pabón Charneco en 2027. Estas decisiones son de suma
importancia, ya que los jueces del Tribunal Supremo tienen un profundo impacto en la
vida diaria de los puertorriqueños, en la democracia, en la interpretación de la ley y en
la protección de los derechos civiles.
Es fundamental recordar que estos nombramientos forman parte de la importante
división de poderes, la cual previene la concentración excesiva de autoridad en una
sola entidad. Esto promueve la rendición de cuentas, vital para mantener un equilibrio
de poderes y la independencia judicial. Estos nombramientos requerirán de un líder
capaz de obtener y mantener el apoyo de una mayoría legislativa en ambas cámaras,
la de Representantes y el Senado. Esto es crucial no solo para asegurar la
confirmación de los nominados al máximo tribunal de la isla, sino también para avanzar
en cualquier legislación significativa destinada al beneficio y desarrollo económico de
Puerto Rico.
Por lo tanto, los ciudadanos deben reconocer que las próximas elecciones van
más allá de elegir a un nuevo gobernador o gobernadora. Están eligiendo a un
arquitecto del futuro judicial y económico de la isla. La importancia de tener
mayorías legislativas alineadas con el ejecutivo radica en la capacidad de implementar
un plan coherente de gobernabilidad y reformas.
Los votantes deben considerar cuidadosamente las implicaciones a largo plazo de sus
decisiones en noviembre. El futuro del Tribunal Supremo; la integridad de la
gobernanza, la estabilidad y certidumbre legal inciden en la dirección y el
desarrollo económico de Puerto Rico, eso está en juego. La elección no solo
determinará quién manejará el presupuesto del territorio, sino que también configurará
la identidad política y judicial de Puerto Rico para la próxima generación. Los
ciudadanos que votarán en la próxima elección tienen que decidir conscientemente por
quién mejor pueda hacer estas importantes nominaciones judiciales para beneficio de
todos; no de unos pocos, ni a espaldas de la mayoría del pueblo.