La fiscalización responsable, pero robusta y constante, de LUMA Energy es esencial para garantizar el desarrollo social y económico de Puerto Rico ahora, al igual que en el futuro. Se necesitan métricas de progreso y consecuencias si las mismas no se cumplen. LUMA está en Puerto Rico para rehabilitar y reconstruir el sistema eléctrico, para eliminar interrupciones en el servicio y para proveer el mejor servicio al consumidor posible y para ello tienen miles de millones de dólares en fondos federales a su disposición.
Para fiscalizar, tenemos que partir de donde estábamos antes de entrar el contrato para la transmisión y distribución de energía eléctrica, el cual está bajo LUMA desde el 2021.
La red eléctrica de transmisión, distribución y hasta generación que tenemos en estos momentos es una con base en sistemas de Europa del Este de la década de los cincuenta bajo el control de la Unión Soviética; un sistema altamente centralizado, sin flexibilidad de crecimiento, modernización y descentralización. Sencillamente es una plataforma anticuada ante las necesidades del Puerto Rico moderno.
Es imperativo cuestionar a LUMA sobre el estatus de los trabajos de desganche en la isla, la razón para el 65 por ciento de las interrupciones en el servicio eléctrico. La prioridad ahora mismo tiene que ser la reducción de las interrupciones. Para ello, se tiene que colocar métricas a LUMA sobre donde deben estar en sus trabajos de desganche.
Estamos hablando que en Puerto Rico existen alrededor de 32,000 millas de cables de electricidad y la empresa ha despejado y rehabilitado unas 6 mil millas, la mayoría en la zona de San Juan. Reconocemos que el trabajo de cambiar cables y brindar espacio, el desganche, no es fácil, sin embargo, además de ser necesario, es urgente acelerar los mismos.
Mientras que el reemplazo de las luminarias es muy importante para la seguridad de nuestras comunidades. Cambiar los 45,000 postes que necesitan reemplazo e iluminar los mismos también es una prioridad y se tiene que hacer antes del 2026.
Por otro lado, también queremos saber la fecha de terminación de todos los trabajos y el resultado de estos, al igual de cómo estará el sistema eléctrico después de toda esa inversión millonaria y sin precedentes en nuestra nación, así como los planes de mantenimiento, algo bien importante, para asegurarnos que, además de ser funcional, se le brindara las mejoras para acoplar nuevas tecnologías.
Otro aspecto que fiscalizamos es la entrada de plataformas de energía renovable, particularmente sistemas de energía fotovoltaica. Recientemente, la Junta de Supervisión Fiscal avaló 18 proyectos nuevos lo que representan unos 844 megavatios de fuentes renovables.
En el 2020, el precio promedio de la electricidad en los 48 estados continentales donde es más económica fue de 12 centavos por kilovatio/hora. En Puerto Rico fue de 27.5 centavos por kilovatio/hora. Eso no se reducirá hasta que entren más sistemas de energía renovable.
No puede haber una política pública energética sin fiscalizar el ente operador, sea ese nombre LUMA, la Autoridad de Energía Eléctrica, Genera Puerto Rico o cualquier otro nombre. Precisamente, por no ser incisivo, imponer métricas y fiscalizar responsablemente a la Autoridad en el pasado, hoy estamos aquí. Ese error no se va a cometer más.
La fiscalización no es solo de la Asamblea Legislativa, también incluye el Ejecutivo y el consumidor, quien, en un sistema democratico y capitalista como el nuestro, es quien determina la eficiencia de los sistemas.
Desde que entró el contrato de LUMA en vigencia, contrato que fue impulsado y colocado por la Junta, he trabajado para hacer cumplir el norte de la política pública de un mejor servicio y menores interrupciones. No descansaremos hasta que se cumplan todas las metas trazadas, menos de eso es inaceptable.
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