En medio del complejo panorama político de Estados Unidos, donde la incertidumbre sobre quién ocupará la Casa Blanca en el próximo cuatrienio se cierne sobre la nación, Puerto Rico enfrenta uno de sus mayores desafíos. Este desafío no surge únicamente de las complejidades inherentes a la política estadounidense, sino que se ve perfilado por disposiciones del Código Electoral aprobado en 2020. Como resultado de estas disposiciones, los electores puertorriqueños se encontrarán el 5 de noviembre de 2024 ante una cuarta papeleta electoral, una que simbólicamente les permite votar por el presidente de los Estados Unidos.
Sin embargo, detrás de esta aparentemente inofensiva inclusión, se esconde un problema de magnitudes gigantes. El mayor peligro recae en los efectos catastróficos que pueden repercutir en relación con el estatus político de la isla en el caso de que los electores no elijan al candidato ganador de la contienda presidencial.
La situación se complica aún más debido a la naturaleza de los candidatos involucrados. Con figuras políticas tan polarizantescomo el expresidente Donald Trump, quien parece perfilarse como el contrincante del actual presidente Joe Biden, de 81 añosy con problemas inherentes a su edad, la incertidumbre sobre el futuro de Puerto Rico se intensifica.
Imaginemos un escenario en el cual los electores puertorriqueños elijan a Joe Biden como ganador de esta papeleta simbólica, pero el expresidente Donald Trump triunfa en la contienda real. Esto podría desencadenar una situación política problemática, donde proyectos de estatus o de asignaciones de fondos federales promovidos por el Congreso podrían ser vetado, generando un estancamiento político que obstaculizaría el progreso de la isla. Ambos partidos nacionales en Puerto Rico – de corta estadista los dos- parecen estar de acuerdo en que esta elección presidencial simbólica no debe ocurrir por las posibles implicaciones políticas y por el poco efecto tangible.
Por tanto, resulta imperativo replantear esta situación. En lugar de continuar con la inclusión de esta cuarta papeleta simbólica, es hora de explorar alternativas más sensatas y estables. Una solución viable podría ser instar a los funcionarios electos a renunciar a esta iniciativa y en su lugar, solicitar al gobernador que active la ley que le otorga la facultad de convocar un referéndum sobre el estatus político de Puerto Rico mediante orden ejecutiva.
Este referéndum permitiría a la ciudadanía expresar su opinión de manera directa y significativa, ofreciendo la oportunidad de nuevamente elegir entre la estadidad, la independencia y en este caso posiblemente la soberanía. Este referéndum sentaría unavez más la base y el mandato de política pública, que le da fuerza al mensaje sobre el sentir del pueblo puertorriqueño sin desviar el tema a si la isla es de perfil Republicano o Demócrata.
Es crucial en estos momentos entender que el verdadero anhelo del pueblo puertorriqueño no reside en la pertenencia a un partido político estadounidense, sino en la búsqueda de obtener todos sus derechos y responsabilidades en igualdad comociudadanos estadounidenses y lograr un estatus político digno y pleno. En un momento en el que la desestabilización política ya afecta a la isla por razones locales, el progreso y que no aporten a más desestabilización desde un flanco nacional. Es fundamental tomar medidas que promuevan la unidad y que aseguren política pública y un mandato por la estadidad. Si se vota, que se vote para asegurar el mensaje de la mayoría del pueblo de Puerto Rico.